Entrevista a los Abogados colaboradores de Plataforma Legal Fotovoltaica. P. ¿Es cierto que el productor fotovoltaico puede reclamar los daños y perjuicios, alguna compensación, o la responsabilidad patrimonial del Estado? ¿Qué plazo tienen para recurrir? R. Aquí existe mucha confusión entre los productores, hay que aclarar que lo que van a poder reclamar a día de hoy no es la cantidad que van a dejar de recibir a partir del año vigésimo sexto.
Lo que se pretende reclamar individualmente a día de hoy es lo que se llama la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, es decir, la responsabilidad que tiene la Administración de indemnizar a un particular cuando éste soporta un daño que no tendría obligación de soportar, y la lesión ha sido producida por la Administración y es real, concreta y susceptible de evolución económica, siendo necesario que el acto de la Administración sea el que ha originado esa lesión.
Así lo que se quiere reclamar es la lesión que han sufrido los productores al disminuir el valor de sus plantas fotovoltaicas, alegando que han disminuido su valor única y exclusivamente por la promulgación de este Real Decreto.
Esta reclamación tiene un plazo de 1 año para solicitarse y no de 2 meses.
P. ¿Es posible obtener sentencia favorable en este sentido? Lo digo porque PLF no esta animando a los productores a reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado. R. Desde nuestro punto de vista, se puede plantear una demanda así, pero es muy difícil ganar un juicio de este tipo, porque es muy difícil acreditar que el valor de una planta fotovoltaica ha disminuido única y exclusivamente como consecuencia de la promulgación de este Real Decreto. Los jueces siempre van a poder decir que el menor valor puede venir dado por diversos motivos como: la crisis económica, el miedo que existe en el sector porque ningún Real Decreto está libre de ser modificado según la teoría del riesgo regulatorio incluso de forma retroactiva, etc., y es casi imposible lograr que afirmasen que la causa única y exclusiva del menor valor de una planta fotovoltaica es la eliminación de las tarifas a partir del año vigésimo sexto.
Además habrá que aportar dictámenes periciales y probablemente no baste solo aportar un informe individual privado de cada promotor de su planta, es decir, nombrado por nosotros, sino que también sea preciso pedirle al tribunal que nombre un perito judicial porque el Tribunal no se confíe sólo en un informe que nosotros hemos pagado y lógicamente está realizado “a nuestro favor”, y estos peritajes judiciales tienen un coste significativo.
Por eso, entendemos que el alto coste para cada productor individual es un dato importante a la hora de tomar la decisión de reclamar, que se añade a la desconfianza con que muchos juristas consultados ven estas reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
Hoy desde Suelo Solar hemos informado a nuestros lectores que el Ministerio de Industria quiere aprobar un Real Decreto Ley que recorte las horas de producción solar y retrasar el pago de hasta un 15-20% de los ingresos de la fotovoltaica hasta el año vigésimo sexto. ¿Es posible recurrir un Real Decreto Ley?: R. No. No hay forma de recurrir un Real Decreto Ley, ya que al tener rango de Ley no hay posibilidad de impugnarlo. Hay que esperar a que se produzca una aplicación concreta como es la liquidación de tarifas de la fotovoltaica y plantear en
el mejor de los casos una cuestión de inconstitucionalidad. Llegado el momento Plataforma Legal Fotovoltaica comunicará a sus asociados la estrategia procesal a seguir.