Tema: El Estado de Derecho pierde energía

Sin lugar a dudas nuestra Constitución sufre de forma regular y constante ataques directos contra su espíritu, su fondo y su forma. Múltiples son los ejemplos que constatan esta lastimosa situación que provoca el involucionismo social, la improvisación política y la avaricia económica.
La teoría moderna del Derecho viene propugnando, incluso sobre el valor Justicia, el principio del Orden jurídico como baluarte máximo de la estructura de un Estado contemporáneo, lo que supone, sobre cualesquiera otras cuestiones, que el ciudadano, aún ignorante de las normas que regulan su existencia, queda sometido al imperio de la Ley. Fundamentalmente cuando se refiere a deberes y obligaciones. Los derechos individuales son otra cosa.
Conculcar la Carta Magna parece haberse convertido en un hobby ideal para nuestros excelsos políticos y si bien algunos realizan sus ofensivas de forma directa y pública, otros, más sublimes y timoratos, mantienen una estrategia más sibilina y encubierta, pero atendiendo a sus resultados mucho más certera y destructiva.
El paradigma de este fenómeno neopolítico se concentra en el Sector Eléctrico. En menos de una legislatura hemos asistido al intervencionismo estatal en oposición a OPAS indeseadas, hoy por el contrario el Ejecutivo reforma leyes mercantiles de origen comunitario para favorecer el asalto de accionistas no cualificados en la administración de empresas energéticas, asimismo sorteamos a golpe de razón de Estado resoluciones del Tribunal Internacional de Arbitraje y por último provocamos la mayor reacción internacional que se recuerda ante la extrema incertidumbre e inseguridad jurídica que rodea, gracias a nuestros responsables políticos, al sector más emergente a nivel mundial: las energías renovables.
Sin lugar a dudas el MITYC está proporcionando a los Expertos en materia legal ingentes argumentos para Tratados y Tesis sobre Derecho Constitucional y Administrativo. Probablemente ninguna normativa cuenta con tantos detractores y perjudicados directos, institucionales como las Comunidades Autónomas ó privados como empresarios e inversores, como la regulación de las renovables. Las razones son demasiadas.
Al frente de esta ofensiva al Orden jurídico constitucional, encontramos el R.D. 1578/2008 de Retribución de la energía fotovoltaica. Esta norma reproduce los más básicos principios del gran General cartaginés Aníbal.: “Por donde piso no volverá a crecer la hierba”.
Lo emblemático de esta norma no es la transformación del anterior régimen retributivo sino que tratándose esencialmente de una norma procedentimental su incumplimiento sistemático por su propio creador – MITYC – eleva a conjura la persecución decidida a las garantías legalmente establecidas en favor de los administrados, los ciudadanos.
Efectivamente, reza su texto preliminar que este R.D. se articula a fin de establecer un Registro de Pre-asiganción que permita al promotor tener garantía, desde una fase inicial de su proyecto, a una retribución legal y necesaria que garantice la viabilidad económica de su inversión. A tal efecto el Anexo III del propio Decreto establece un sistema de Convocatorias, con plazos de caducidad so pena de perder las inversiones realizadas y aún mayores males, imponiendo a la Administración la única obligación de publicar, en fechas ciertas y determinadas, los resultados del procedimiento para cada Convocatoria. No explica la norma que determinados promotores llevan ya dos años esperando recibir su asignación, ni tiene presente las cargas y costes que esta negativa situación provoca. Nada, únicamente establece el derecho a saber en fechas determinadas si su proyecto resulta o no pre-asignado.
No importa los exiguos derechos de los administrados ni las escasas obligaciones de la Administración, lo grave y trascendente es que a día de hoy, de forma injustificada, la publicación de los listados de la Cuarta Convocatoria llevan un retraso de casi dos meses, pesando sobre todos los administrados y sobre sus derechos adquiridos la espada de Damocles de un nuevo marco regulatorio que, según lo constitucionalmente establecido, no puede resultarles jamás de aplicación a no ser por un fragrante fraude de ley promovido por quien debería garantizar precisamente la consumación de los derechos que le han sido previamente proclamados y reconocidos: la Administración.
Probablemente Ud. pueda estar pensando que se trata de una cuestión que afecta tan solo a una minoría, que como consumidor de electricidad la suerte de los emprendedores en busca de un modelo energético sostenible no le afecta, que los derechos de otros no son los suyos y que mala suerte para el crédulo en un Gobierno sin rumbo. Es posible que Ud. tenga razón, pero recuerde que la energía es la llave maestra de nuestra actividad cotidiana, que Europa penaliza con cada vez mayores tasas las economías del carbono, que los movimientos de acciones en las grandes compañías alejan a éstas cada vez más no solo de nuestro sistema eléctrico sino incluso también de su propio objeto social histórico, con todo eso, pensando en el encarecimiento exponencial de los combustibles fósiles y en que nuestra constitución consagra el derecho a una vida digna quizá quiera replantearse su conclusión. Sí la neopolítica promueve dejar sin energía al Estado Social y de Derecho, que no se hará con otros sectores mucho menos esenciales para nuestras vidas.
La información es mía, la reflexión es suya.

Leyendo esto, cualquier fiscal debería actuar de oficio. El problema es que previamente se ha politizado la justicia y ya no hay separación de poderes. O sea, ya no hay justicia ni estado de derecho.

Nos estamos perdiendo lo mejor que tenemos por no defenderlo.

AMEN ¡¡¡..........muchas gracias por tu excelente 1ª aportación.